REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY
Tribunal Penal de Juicio de San Felipe
San Felipe, 19 de Julio de 2007
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2007-000757
ASUNTO : UP01-P-2007-000757


Revisado minuciosamente como ha sido la presente Causa este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Observa: en fecha 02/05/2007, mediante auto, este Tribunal Primero de Juicio Admite la presente Querella por cuanto la misma cumple con los requisitos establecido en el articulo 401 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenado el Tribunal en el mismo auto la citación personal del Acusado Luis Alberto Martínez González. En fecha 25/06/2007 mediante escrito presentado por el ciudadano Luis Alberto Martínez González asistido por el Abg. Rafael Puertas Mogollón solicita al Tribunal …”Por las Razones antes expuestas, y por haber transcurrido mas de Veinte (20) días hábiles sin que el acusador diera impulso a la acusación, dejándola instar por ese periodo, es que solicito del Tribunal Declare el abandono de la Querella y declare el DESISTIMIENTO TACITO DE LA ACCION, y proceda a condenar a la querellada al pago de LAS COSTAS PROCESALES, todo de conformidad con el articulo 416 del Código Orgánico Procesal Penal, y ASI PIDO SE DECIDA…”. Este tribunal Primero de Juicio hace el siguiente pronunciamiento: De la Revisión observa que luego de haber admitido la presente querella este Tribunal Ordeno la Notificación Personal del acusado para que compareciera por ante este Tribunal a nombrar defensor que lo asista en la presente causa acompañado de Copia Certificada de la Querella, es de hacer notar que la presente notificación no fue realizada por la Coordinación de Secretarios adscrita a este Circuito Judicial Penal; Así mismo en el escrito presentado por el abogado Rafael Puertas indica …” Ciudadano Juez, si bien es cierto que la carga de la citación personal del acusado la debe efectuar de oficio el Tribunal una vez admitida la querella en cuestión, no es menos cierto que es deber de las partes impulsar el proceso tal como señala la Jurisprudencia; pero no es posible, y no puede alegar el Querellante, desconocimiento de los hechos pues era su deber insoslayable velar porque se cumpla con el proceso que por su iniciativa ha propuesto y presentado. Como va alegar la querellante que no sabia como estaba el proceso?; como va alegar la querellante que desconocía la ausencia del impulso del Tribunal para citar al acusado en la presente causa?; como va alegar la querellante que no era su deber impulsar tanto las boletas de citación, como los correspondientes carteles de notificación para la citación por la prensa?; todas esas argumentaciones en contrario, demuestran evidentemente el abandono de la acusación y pues ciudadano Juez, a la querellante NO LE IMPORTO EL PROCESO, NO LE IMPORTO LA ACUSACION Y POR ENDE NUNCA LA IMPULSO Y ASI PIDO SE DECIDA…”. En el mismo orden de ideas la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, mediante sentencia de fecha 23/03/2007 realiza un análisis al articulo 409 del Código Orgánico procesal Penal en la cual expone…” La norma transcrita establece al Tribunal de Juicio la obligación de ordenar la citación del acusado, para que designe defensor, acompañado a la Boleta de citación, copia certificada de la acusación y del auto de la admisión de la misma. El fundamento de dicha disposición, es el derecho a la defensa, dado que, con el auto de la admisión de la acusación, el querellado adquiere el carácter de acusado, y requiere para el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, estar provisto de un defensor que lo asista en el proceso, y que se le imponga de los hechos imputados por el acusador, lo cual se realiza mediante la entrega de la Boleta de citación para que designe defensor, acompañada de la copia certificada de la acusación y del auto de admisión..”. Pronunciamiento realizado en el auto de Admisión de la Querella por este Juzgador de fecha 02/05/2007. En fecha 03/05/2007 el Abg. Andrés Matos en representación de la victima ciudadana Maricruz Domínguez, solicitó ante este Tribunal Copia Certificada del Auto de la Admisión de la Querella, siendo acordada por el Tribunal en esa misma fecha.

En otro orden de ideas el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15/07/2005 Exp. N° 04-1311, Sentencia N° 1748 de la Sala Constitucional del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera establece: …” En materia de citación en los procedimientos regidos por los artículos 400 al 418 del Código Orgánico Procesal Penal, surgen una serie de obscuridades que para resolver este amparo, tienen que ser dilucidadas por la Sala. La primera es que, según el artículo 416 del Código Orgánico Procesal Penal, el lapso para que se consume el abandono debe computarse a partir de la última petición o reclamación escrita que haga en autos el acusador. Observa la Sala, que resultaría ilógico que constando en autos la falta de citación del acusado, el término para la declaración del abandono no comenzara a correr, si en autos el acusador no pide los carteles o no reclama algo en el expediente. En supuestos como este, siendo la citación personal del acusado la consecuencia de pleno derecho de la acusación admitida, la constancia en autos de la falta de práctica de la misma, corresponde, a los efectos del artículo 416 del Código Orgánico Procesal Penal, a la última petición del acusador, para que desde allí comience el término para computar el abandono, si el proceso no es instado por el acusador; y esa última petición es la propia acusación, cuya admisión produjo la orden de citar al acusado. Tratándose de un procedimiento que señala cargas específicas a las partes, no puede el juez suplirles éstas, ordenando nuevas citaciones personales una vez que aparezca en autos que no se pudo lograr la citación personal del acusado, ordenada por el tribunal... El desistimiento de la acusación debe necesariamente entenderse que es el desistimiento de la acción penal, figura posible en los delitos llamados de “acción privada” lo cual puede ser el resultado de una manifestación expresa a ese fin: desistimiento expreso, contemplado en el primer parágrafo del artículo 416 del Código Orgánico Procesal Penal; o tácito, si el acusador no promueve pruebas para fundar su acusación, o sin justa causa no comparece a las audiencias. En el primer supuesto el acusado no podrá ser condenado, por falta de pruebas, y la actitud del acusador en ese caso, como en el segundo, denota una falta de interés en lograr la condena del acusado, la cual el legislador entendió acertadamente como la ausencia del elemento de la acción: interés procesal. Pero el abandono de la acusación por falta de instancia, no se puede equiparar a la falta de interés procesal, extintiva de la acción. No se trata de que el acusador inasista a los actos claves necesarios para la marcha del proceso hacia la obtención de una sentencia, como son: las audiencias; sino que se trata de no instar el procedimiento, y la falta de instancia del procedimiento, procesal o técnicamente es la perención de la instancia que nunca extingue la acción sino el trámite procesal, por lo que la acción puede volver a incoarse después de un determinado tiempo. El que en el proceso penal no exista la perención como tal, no impide que en los delitos de acción dependiente de instancia de parte, la inactividad de los acusadores en impulsar el proceso, se transforme en un abandono, el cual, como tal, es una figura normal destinada a finalizar el procedimiento. El que el abandono de la acusación a que se refiere el artículo 416 del Código Orgánico Procesal Penal es un abandono de instancia, de procedimiento, se colige de la propia letra de la ley: “…la acusación privada se entenderá abandonada si el acusador o su apoderado deje de instarla por más de veinte días hábiles, contados a partir de la última petición o reclamación escrita que se hubiere presentado al juez, excepción hecha de los casos en los que, por el estado del proceso, ya no se necesite la expresión de voluntad del acusador privado”. (Subrayado de la Sala). Si bien el abandono de la acusación no es técnicamente una perención, sin embargo, resulta una figura afín a ella en los delitos que se enjuician a instancia de parte, la cual procede por causales predeterminadas, y que no pueden tener como efecto la extinción de la acción por falta de instancia del trámite, ya que de adaptarse se confundiría la acción con el trámite, lo que es imposible. La institución de la perención es de la instancia, tal como lo expresa el Código de Procedimiento Civil (artículo 267), por lo que la falta de instancia, de pedir que el trámite avance, nunca puede extinguir la acción sino el procedimiento, tal como ocurre con la figura de la perención de la instancia del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento se anula, pero la acción sigue viva y resulta algo contrario a los principios procesales –y por tanto al debido proceso- que un abandono de trámite, como la perención extinga la acción. El derecho de acción tiene raíz constitucional, ya que la acción es una de las tantas caras del derecho de petición (artículo 51 constitucional), el cual si se ejerce dentro de los parámetros legales, pone en movimiento la actividad jurisdiccional cada vez que el titular del derecho lo active. El ejercicio del derecho de acción lo controla la Ley, quien exige requisitos para que se ejerza, tales como que ella no haya caducado o prescrito; o no exista interés procesal o cualidad en quien la intente, o no se cumpla con exigencias concretas en determinadas circunstancias. Cuando los requisitos no se llenan la acción se inadmite o decae, lo que a la vez la hace inadmisible. La ausencia o incumplimiento de requisitos de la acción nada tienen que ver con la perención de las instancias o los abandonos de trámite, ya que éstos se refieren al conjunto de formas que desarrollan el proceso y cuyo efecto al declararse es que dicho conjunto se anula. Observa la Sala que el artículo 418 del Código Orgánico Procesal Penal sanciona al que ha abandonado la acusación con la pérdida de la acción equiparando el abandono al desistimiento. La norma en cuestión reza: “El que ha desistido, expresa o tácitamente, de una acusación privada o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo”. Es decir, a pesar del delito, que pueda existir, quien abandonó perdió la acción para perseguirlo, y esa pérdida se debe a una falta de instancia, lo que contradice las instituciones procesales básicas, que son la esencia del debido proceso. Por ello, de oficio, esta Sala por control difuso de la Constitución y en base a los artículos 334 y 335 eiusdem, al considerar que el artículo 418 del Código Orgánico Procesal Penal colide con el artículo 49 constitucional que garantiza el debido proceso en su numeral 1, inaplica para el caso concreto el artículo 418 del Código Orgánico Procesal Penal en lo que se refiere al abandono, por lo que el acusador podría de nuevo intentar la acusación si no le ha prescrito el derecho de acción, conforme a la doctrina de esta Sala contenida en el fallo Nro. 1811 de 25 de junio de 2001, caso: Rafael Alcántara, prescripción que incluso puede ser interrumpida extrajudicialmente por razones de publicidad o notoriedad comunicacional…”.

Ahora bien con relación a lo establecido en nuestra ley Adjetiva Penal sobre los delito de Instancia de Parte al señalar en su articulo 416 Tercer Aparte ..”La acusación Privada se entenderá abandonada si el acusador o su apoderado deja de instarla por mas de veinte días hábiles, contados a partir de la ultima petición o reclamación escrita que se hubiere presentado al Juez, excepción hecha de los casos en los que, por el estado del proceso, ya no se necesite la expresión de voluntad del acusador privado. El abandono de la acusación deberá ser declarado por el Juez mediante auto expreso, debidamente fundado, de oficio o a petición del acusado...”. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de N° 1287, Expediente N° 04-3001, de fecha 28/06/2006 con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Antonio Carrasqueño López señala…” En el ámbito del proceso penal, el acceso a la jurisdicción se cristaliza en la noción de acción penal, a saber, en el ius ut procedatur, el cual corresponde a quien asume la posición de acusador y pide el ejercicio del ius puniendi del Estado, siendo que en Venezuela tal posición le corresponde fundamentalmente al Ministerio Público cuando se trate de la comisión de un delito de acción pública, ello en virtud del sistema procesal penal acusatorio delineado en el artículo 285 del Texto Constitucional, y en el articulado del Código Orgánico Procesal Penal, así como también a la víctima querellante, tanto en el procedimiento ordinario –en el cual su actuación será accesoria a la del Ministerio Público-, como en el procedimiento especial para el enjuiciamiento de los delitos de acción privada, siendo que en este último caso le corresponderá en su totalidad el ejercicio de la acción penal.(Subrayado de este Juzgador). Sobre el rol del querellante en los supuestos de delitos de acción privada, MAIER señala lo siguiente:

“El ofendido por el hecho punible objeto de la querella es quien posee legitimación para perseguir la condena del culpable (…), en el mismo sentido tradicional con el cual antes lo definíamos para la querella por delito de acción pública. Portador del bien jurídico protegido por la prohibición o el mandato o, mejor aún, agraviado, como lo menciona la ley penal, como portador del interés jurídico concreto que la acción o la omisión lesiona o pone en peligro” (Cfr. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Primera edición. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2003, p. 694).

De lo anterior se desprende que el procedimiento para los delitos de acción dependiente de instancia de parte (o delitos de acción privada) regulado en el Título VII del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, el ius ut procedatur corresponde con exclusividad a quien ostenta la cualidad de víctima en el proceso –el Ministerio Público sólo intervendrá a través del auxilio judicial-, la cual tendrá la facultad de solicitar, a través de la querella, la motorización de la actividad jurisdiccional a los fines de canalizar el ejercicio del poder punitivo estatal, buscando así la ulterior declaratoria de culpabilidad de quien ha realizado hecho que ha lesionado o puesto el bien jurídico tutelado…”( Subrayado de este Juzgador)

Por todo lo antes expuesto de conformidad con lo establecido en el articulo 416 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta el DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA, presentada por la ciudadana MARICRUZ DOMINGUEZ LINAREZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 11.273.847, Asistida por el Abogado ANDRES RAMON MATOS ROSALES, presentada en contra del ciudadano LUIS ALBERTO MARTINEZ, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 10.368.674. Así mismo que de la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa se pudo constatar que la ultima actuación realizada en fecha 03/05/2007 por la ciudadana MARICRUZ DOMINGUEZ LINAREZ, hasta el día 04/07/2007 en la que solicita pronunciamiento al Tribunal de Celeridad Procesal han transcurrido 41 días hábiles, computo realizado por la Secretaria Abg. Adiby Abdel de fecha 28/06/2007, donde se deja constancia que hasta la fecha 25/06/2007, habían transcurrido 35 días de despacho y desde el día 25/06/2007 hasta el día 04/07/2007 fecha esta en que la parte actora realiza una solicitud al Tribunal han transcurridos seis (06) días hábiles, sumados estos certifica que han transcurridos cuarenta y un (41) días hábiles, en consecuencia transcurrieron mas de Veinte Días Hábiles establecido por el Legislador en nuestra Ley Adjetiva Penal. Así mismo de conformidad con lo establecido en el articulo 416 Cuarto Aparte del Código Orgánico Procesal Penal, la presente Querella presentada por la ciudadana Maricruz Domínguez Linarez a consideración de este Juzgador no es Maliciosa ni Temeraria. Y ASI SE DECIDE
Este Tribunal Exonera de Costas Procesales de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela a la ciudadana MARICRUZ DOMINGUEZ LINAREZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 11.273.847. Y ASI SE DECIDE

DISPOSITIVA

Por las Razones antes expuestas, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela DECRETA EL DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA de conformidad con lo establecido en el articulo 416 del Código presentada por la ciudadana MARICRUZ DOMINGUEZ LINAREZ, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 11.273.847, Asistida por el Abogado ANDRES RAMON MATOS ROSALES, presentada en contra del ciudadano LUIS ALBERTO MARTINEZ, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 10.368.674. Así mismo Este Tribunal Exonera de Costas Procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela a la ciudadana MARICRUZ DOMINGUEZ LINAREZ. Publíquese, regístrese, diarícese y notifíquese. Ordénese lo conducente. Cúmplase
JUEZ PRIMERO DE JUICIO

ABG. DENYS SALAZAR GARCÍA
LA SECRETARIA

ABG. ADIBY ABDEL